Regularización del Internet: El Estado decide tus resultados de búsqueda

La hegemonía comunicacional del Estado ha intentando capitalizar los medios tradicionales, criminalizando el periodismo independiente y la difusión de mensajes a través de los canales tradicionales.

Las redes sociales y el ámbito digital forman parte de una plataforma libre y plural en donde la libertad de expresión aun está presente, forma parte de un espacio donde el periodismo aun puede divulgar datos y de filtrar información. Sin embargo, ¿Qué tanta libertad le queda a Internet en Venezuela?

Cazando al ratón

La regularización de las redes sociales es una tarea que el Gobierno venezolano ha promovido con anterioridad, estos son algunos de sus precedentes:

  • En 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), recomendó al poder Ejecutivo modificar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), donde consideraban que era necesaria la aplicación de ciertas medidas cautelares y de control en el ámbito digital. Se habló por primera vez de la implementación de un Punto de Acceso Único.
  • En varias oportunidades la Fiscal General (2013/2015), Luisa Ortega Díaz, mencionó que: “las redes sociales son espacios necesitan de una normalización específica para evitar la propagación de rumores”.
  • En 2014, 8 usuarios de Twitter fueron detenidos alegando haber cometidos delitos de “instigación pública, instigación al odio y agavillamiento”.
  • En Diciembre 2014, Espacio Público denunció que autoridades imitaban esquemas digitales similares a los de China. Introdujo en el TSJ un recurso legal contra el Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología a razón del bloqueo varios portales digitales, la Sala Político Administrativa desestimó la petición por estar “ligada a seguridad nacional del Estado”.
  • En Agosto de 2015, Juan Carlos Alemán, diputado del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), señaló que las plataformas digitales requerían una regulación dado que exponen elementos que no están bajo “control nacional”. Las declaraciones del diputado mencionaban de nuevo la existencia de un Punto de Acceso Único como una alternativa para regular las redes sociales.
  • Entre el año 2014-2015, se contabilizaron alrededor de 1583 páginas bloqueadas según el periodista de Inside Telecom, William Peña, la mayoría de estos portales eran informativos y en determinados casos contenían datos relacionados al dólar paralelo.
  • En Junio de 2016, el Gobierno aseguró que todo ciudadano que ofendiera al primer mandatario sería gravemente penalizado.
  • En Mayo de 2016, Andrés Eloy Méndez, reiteró la necesidad de una reforma de la Ley de Telecomunicaciones para regular las redes sociales, alegando que “no podían permitir que se promoviera la violencia a través de estos espacios”.

En Mayo de 2017, con la renovación del Decreto de Estado de Emergencia se establece que se podrán restringir garantías constitucionales mediante “medidas excepcionales”.

A partir de esta prorroga del estado de excepción en Venezuela, el pasado 16 de mayo, 10 ONG se pronunciaron frente a las limitaciones que implica esta medida en medio de un contexto de deterioro general de las telecomunicaciones.

Soberanía y control digital

Iván Niño, consultor externo de marketing digital, considera que las declaraciones del Director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, tienen como objetivo cercar espacios digitales, menciona que entre las mismas se hace alusión a un grado de responsabilidad en torno a la figura del Community Manager al publicar mensajes a través de una cuenta en una red social.

Para el especialista, las redes sociales son autorregulares, dado que representan espacios donde los usuarios desarrollan un aprendizaje a medida que utilizan las plataformas. A pesar de que exista cierta infoxicación (información falsa), cree que el usuario ha sido capaz de discernir en las redes gracias a líderes de opinión.

“Estamos delante de una ética parcializada, bien es cierto que deben existir reglas en el ámbito de las redes sociales, pero estas no deben limitar la libertad de expresión. Todo se enmarca bajo un tinte partidista. ” dijo Niño.

Niño destaca el rol que han adquirido las redes sociales para difundir informaciones; advierte sobre la mención del término comunicacional “Pos-verdad” que el Gobierno ha manejado anteriormente. . “Hay que monitorear cómo el Gobierno está incorporando mecanismos digitales para controlar a la población, se habla también de soberanía digital y el riesgo no sólo involucra la limitación de la libertad de expresión en Internet sino que puede derivar en otro tipo de consecuencias, tal como ha sucedido con el sistema biométrico.”

No se respetan los procesos

Fran Monroy, periodista especializado en tecnología, señala que el control de Internet es una campo con predecentes, los intentos de censura han incrementado y se han presentado algunas normativas específicas tal como es la Ley Resorte.

Sin embargo, Monroy reitera que la Ley de Delitos Informáticos es bastante clara en cuanto a los daños cometidos en los espacios digitales.

“No aplican ningún marco jurídico. CONATEL no ha aplicado las leyes que existen en el ámbito digital, todo termina siendo muy ambiguo cuando penalizan a medios digitales, incluso se saltan los procedimientos, simplemente bloquean portales informativos alegando algún quiebre del orden interno. Claro está, los usuarios tienen que tener en cuenta que existe una responsabilidad penal personalísima por lo que se difunde a través de las redes.” explicó Monroy.

Rechazó la detención arbitraria del twittero Dan Zambrano a finales de abril de este año, en donde se criminalizó la difusión de un conjunto de tweets por parte del ciudadano.

Comenta que Venezuela utiliza el mismo hardware de censura de China desde el año 2007. “El Gobierno chino funciona mediante The Great Wall, un mecanismo que filtra contenidos en los motores de búsqueda y proveedores responsables de los DNS (Domain Name Servers), estos traducen la dirección numérica de las páginas de Internet y a partir de allí el Estado puede elegir que contenidos quiere bloquear.”

 

Punto de Acceso Único y Consulta

En Noviembre de 2016, el Director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, mencionó que en Enero de 2017 se realizaría una Consulta Pública sobre la regulación de las redes sociales. Dicha consulta fue reiterada recientemente.

El 1 de junio, Méndez destacó en medio de una entrevista, que están trabajando en un marco regulatorio en las redes sociales, en el cual contemplarán el registro de cuentas y de direcciones IP.

Calificó las plataformas digitales como “redes anti-sociales”, espacios en donde se ha vuelto necesaria la aplicación de ciertos reglamentos jurídicos establecidos en la Ley de Responsabilidad.

“En materia legislativa hay que añadir algunos puntos que contemplen la creación de cuentas, con la utilización de direcciones IP, y la autentificación del perpetrador que ejecuta o en todo caso el autor de una opción que puede estar afiliado a un responsable directo. Para ello estamos evaluando el levantamiento de información de quien abre una cuenta, de quién ejerce un medio electrónico por la plataforma que sea Twitter, Facebook, etc. “

De igual forma, dijo la adquisición de tecnología con la intención de filtrar las “vulenrabilidades territoriales”.

Mendéz adelantó que el ente discute actualmente el reglamento para el levantamiento de información con los respectivos operadores.

“El Internet está abierto, privado o personas naturales. El que va a utilizar redes sociales que lo haga pero si va a utilizar rede sociales que responda por lo que haga, cita el 57 y 58 de la Constitución. La comunicación debe ser un hecho responsable pero además lo establece el Pacto de San José de Costa Rica en relación a la responsabilidad ulterior que es un principio debidamente debatido en las Naciones Unidas.” Expresó Mendéz

Una de las principales opciones que tiene el Estado venezolano para controlar Internet, contempla la implementación de un Punto de Acceso Único (NAP), mediante el cual todos los servidores de Internet se alojarían en un sitio único, esta iniciativa estuvo contemplada en la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2010.

Desde junio de 2011, los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declararon el acceso a Internet como un Derecho Humano, la garantía de este derecho permite que se cumplan un conjunto de derechos inherentes. El Estado ha desarrollado iniciativas para alfabetizar a la población mediante iniciativas tales como la Misión Robinson Digital, sin embargo, han tergiversado tales procesos al involucrar un carácter político y propagandístico.

Fuente: Prensa Provea
Daniel Klie